Con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado, priorizar el gasto esencial y reforzar la disciplina en la administración de los recursos públicos, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 6120 “Por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”.
La normativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se enmarca en los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Responsabilidad Fiscal, considerando además el actual contexto económico y la necesidad de garantizar una gestión prudente de las finanzas públicas.
El decreto establece criterios orientados a evitar la expansión de gastos no prioritarios y la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo, promoviendo una cultura de austeridad, planificación y uso eficiente de los recursos del Estado.
Entre las principales disposiciones se destaca la priorización del gasto en salud, educación, seguridad y programas sociales, garantizando la continuidad de los servicios esenciales para la población; como también la utilización prioritaria de Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de recurrir a Recursos del Tesoro (Fuente 10), buscando una gestión más sostenible y eficiente de las finanzas públicas.
Asimismo, la normativa contempla la presentación de planes institucionales de regularización de obligaciones pendientes con proveedores y contratistas, a fin de ordenar y transparentar los compromisos financieros del Estado; y establece restricciones y medidas de racionalización sobre gastos operativos, adquisiciones de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, catering y nuevas inversiones no prioritarias.
El decreto dispone, además, que determinadas migraciones de cuotas del Plan Financiero requieran autorización previa del MEF, reforzando así los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria.
Estas medidas buscan resguardar el equilibrio de las finanzas públicas, asegurar la cobertura de obligaciones esenciales y fortalecer la credibilidad institucional, mediante una administración responsable y transparente de los recursos públicos.