Al cierre de agosto de 2026, la Administración Central registró un déficit fiscal acumulado de ₲ 6.990 mil millones (USD 1.117,3 millones), equivalente al 1,7% del PIB, según da cuenta el Informe de Situación Financiera (Situfin). El resultado se dio en un contexto de crecimiento moderado de los ingresos y una mayor ejecución del gasto, orientada principalmente a sectores prioritarios, programas de protección social, inversión pública y la regularización de obligaciones pendientes.
Los ingresos totales crecieron 1,2% en términos acumulados, sostenidos principalmente por la recaudación tributaria, que aumentó 2,2%. A su interior, los impuestos internos mantuvieron un desempeño favorable, con un crecimiento de 11,1%, mientras que los tributos vinculados al comercio exterior registraron una reducción de 11,6%, en un contexto de apreciación del guaraní frente al dólar, que redujo el valor en moneda local de la base imponible de las importaciones.
Por su parte, los ingresos no tributarios disminuyeron 2,3%. Los recursos provenientes de las Entidades Binacionales se redujeron 20,9%, mientras que las donaciones registraron una caída de 22,3%. En contraste, las contribuciones sociales crecieron 17,1% y los ingresos por multas, tasas y otros conceptos aumentaron 11,7%.
Desde la perspectiva del gasto, la ejecución acumulada aumentó 10,7%, con una orientación prioritaria hacia sectores estratégicos. El gasto destinado a estas áreas creció 12,9%, destacándose los incrementos en Salud (15,6%), Educación (12,7%) y Programas Sociales (12,3%).
En materia de remuneraciones, el 80% del gasto salarial de la Administración Central se concentró en Educación, Salud y Fuerzas Públicas. A su vez, la relación entre salarios e ingresos tributarios se situó en 54,9%, por debajo del promedio histórico observado entre 2003 y 2025.
El gasto en medicamentos aumentó 20,7% respecto al mismo periodo del año anterior, como resultado de la atención de los requerimientos del ejercicio y del proceso de regularización de obligaciones pendientes con proveedores del sector farmacéutico.
En este marco, se avanzó en la implementación del mecanismo de Cesión de Derechos de Cobro (CDC), mediante el cual se estableció un esquema previsible de pagos mensuales para una parte de las obligaciones pendientes por medicamentos correspondientes al 2025. Las cesiones autorizadas alcanzaron ₲ 2.388 mil millones, involucrando a 39 proveedores cedentes y cinco bancos cesionarios. La amortización por parte del
Estado se realizará en 36 cuotas mensuales, con inicio previsto en septiembre de 2026.
Las prestaciones sociales crecieron 15,2%, impulsadas principalmente por las jubilaciones y pensiones, que aumentaron 9,4%; la Pensión para Adultos Mayores, con un incremento de 14,2%; y las transferencias para Alimentación Escolar en el marco del Programa Hambre Cero, que prácticamente se duplicaron respecto al mismo periodo del año anterior, con un crecimiento de 94,9%.
Por otra parte, la inversión pública alcanzó ₲ 4.479 mil millones (USD 719,7 millones), equivalente al 1,1% del PIB, registrando un crecimiento acumulado de 19,3%. Este desempeño estuvo explicado principalmente por la recuperación de la inversión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya ejecución aumentó 37,4% respecto al mismo periodo de 2025.
En cuanto a los resultados fiscales, el déficit acumulado de 1,7% del PIB refleja ingresos equivalentes al 9,0% del PIB frente a gastos por 9,6%, con un resultado operativo deficitario de 0,6% del PIB y una inversión pública equivalente al 1,1% del PIB.
Considerando los últimos doce meses, el déficit fiscal anualizado se ubicó en ₲ 11,5 billones, equivalente al 2,9% del PIB, mientras que el resultado primario —que excluye el pago de intereses de la deuda pública— registró un déficit de 1,2% del PIB. La previsión fiscal para el cierre de 2026 se mantiene en torno al 3,2% del PIB.
Los principales resultados del Informe de Situación Financiera de la Administración Central, a agosto de este año, fueron presentados esta mañana por la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez Romero, y el director general de Política Macro-Fiscal, Marcelo Rodríguez Vera.
