El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, formalizaron este viernes el traspaso del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Registro Unificado Nacional (RUN), una iniciativa orientada a garantizar la actualización continua, confiable e integrada del Catastro y del Registro de Inmuebles.
El acuerdo se enmarca en el proceso de traspaso de las funciones y responsabilidades, iniciadas en enero de este año, vinculadas al Catastro a la Corte Suprema de Justicia con la creación del Registro Unificado Nacional.
La firma tuvo lugar en el Palacio de Justicia y contó con la participación del gerente general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Horacio Codas; la directora general de Gabinete Ejecutivo, Flavia Ayala Vuyk; representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Paraguay, así como autoridades de las instituciones involucradas en la implementación del proyecto.
Durante el acto, el ministro Oscar Lovera y el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, coincidieron en que la puesta en marcha del RUN representa no solo el cumplimiento de un mandato legal, sino también un paso decisivo para fortalecer la seguridad jurídica, modernizar la gestión pública y generar condiciones más favorables para la inversión y el desarrollo económico del país.
"En economía mucho se mueve por expectativas. Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante, tanto para la ciudadanía como para quienes buscan invertir en Paraguay", expresó el ministro Lovera.
El Registro Unificado Nacional fue creado por la Ley Nº 7.424/2025 como un sistema centralizado que integra la información catastral y registral de los bienes inmuebles. Bajo la administración del Poder Judicial, el RUN tiene como objetivo simplificar los procesos relacionados con la propiedad inmobiliaria, mejorar la calidad y confiabilidad de la información, reducir los tiempos de tramitación y fortalecer la seguridad jurídica en beneficio de la ciudadanía y del clima de negocios del país.
