El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por el Viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, instaló un espacio de diálogo, debate y construcción de consensos con representantes de los círculos de oficiales y suboficiales retirados de las Fuerzas Públicas (policías y militares), a fin de analizar la situación actual de la Caja Fiscal y las medidas contempladas en el proyecto de ley de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público.
Durante la reunión, realizada en el Edificio Ybaga de Asunción, sede del Viceministerio de Economía y Planificación, la Gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, presentó un diagnóstico detallado sobre la sostenibilidad financiera del sistema, así como las proyecciones actuariales para los próximos años en caso de no avanzar con la reforma propuesta. Asimismo, expuso los principales ejes del proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo.
En ese contexto, el Viceministro González Soley reiteró la preocupación del Ministerio ante la inexistencia de una edad mínima de jubilación en sectores como el Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Policías y Militares, situación que propicia jubilaciones tempranas y profundiza el déficit del sistema.
En particular, se señaló que en el sector de las Fuerzas Públicas más del 70% de los nuevos jubilados en 2025 se retiró con menos de 55 años de edad. Bajo las reglas actuales, el total de aportes realizados por un policía o militar promedio apenas alcanza a cubrir tres años de retiro, debiendo el resto ser financiado con impuestos pagados por toda la ciudadanía.
Asimismo, se recordó que el déficit de la Caja Fiscal en 2025 ascendió a USD 380 millones, equivalente al 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa aproximadamente la mitad del déficit máximo permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que es de 1,5%.
En ese sentido, se explicó que, si bien actualmente, el Estado financia con impuestos el déficit del Programa No Civil, las proyecciones actuariales indican que, de mantenerse las reglas vigentes, a partir del año 2028 también el Programa Civil requerirá financiamiento con recursos tributarios. Esta dinámica implicaría una mayor presión sobre las finanzas públicas, desplazando recursos de áreas y programas estratégicos para el desarrollo, lo que refuerza la necesidad de avanzar en medidas de racionalización y ordenamiento del sistema previsional.
En cuanto a las medidas planteadas en el proyecto de reforma, se explicó que la iniciativa contempla el establecimiento de una edad mínima de acceso a la jubilación para los sectores de Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Magistrados Judiciales, Policías y Militares, así como una regla de acceso gradual a partir de los 20 años hasta los 35 años de servicio para el caso de policías y militares. Además, se prevé un esquema de aporte obrero-patronal del 22%, compuesto por un 19% a cargo del trabajador y un 3% del Estado.
El proyecto también incorpora tablas de sustitución que incentivan una mayor permanencia y mayores aportes al sistema, con tasas que inician en el 50% y pueden alcanzar hasta el 100% en el caso de policías y militares. Asimismo, establece una base de cálculo homogénea, tomando como referencia el promedio de los últimos cinco años de aportes, y un mecanismo uniforme de actualización de los haberes jubilatorios para todos los sectores, basado en la variación anual del Salario Mínimo Legal Vigente.
Ante la preocupación de la Coordinadora de la Fuerza Pública, sobre los derechos adquiridos y en especial sobre la equiparación que se pretende derogar el Ministerio aclara que, además de la actualización del haber de retiro en la proporción del Salario Mínimo Legal Vigente previsto en el proyecto de ley, los ya retirados y los que ya tienen derechos adquiridos para acceder al haber de retiro tanto extraordinario como ordinario, no serán afectados por la derogación de los artículos que hacen referencia a la equiparación del haber de retiro con el salario del que está en actividad, es decir, los afiliados al sistema con derechos adquiridos, no serán afectados con las derogaciones referidas. Esto, en el marco del pleno reconocimiento y respeto de los derechos adquiridos de conformidad al Inc. d del Art. 3 del Proyecto de ley.
También han manifestado su desacuerdo en el establecimiento de la edad mínima de 57 años para acceder al haber de retiro teniendo en cuenta que los mismos pertenecen a una institución técnica operativa y con la aplicación de esta disposición se desnaturalizará a la profesión Militar y Policial. Al respecto, los representantes del MEF se ratificaron en la necesidad de una edad mínima, debido a que la ausencia de este requisito constituye el principal factor que presiona la sostenibilidad del sistema y compromete la disponibilidad de fondos para atender estas obligaciones.
El proyecto de ley que propone las medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, así como la presentación realizada en la fecha, se encuentran disponibles en el sitio web institucional del MEF, en el siguiente enlace: https://www.mef.gov.py/es/reforma-de-la-caja-fiscal
