Mediante el Decreto N° 5221, el Poder Ejecutivo declaró de interés nacional el proceso de acercamiento de la República del Paraguay a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con miras a la obtención de una membresía plena.
Este proceso de vinculación se inició en el año 2023 y se desarrolla en el marco del Programa País, aprobado por el Consejo de la OCDE. Dicho programa contempla la realización de una serie de estudios y evaluaciones orientados a analizar las políticas públicas y el marco normativo nacional, así como su grado de alineación con los estándares internacionales promovidos por la organización.
En este contexto, el decreto faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), a llevar adelante las acciones de coordinación, gestión técnica y articulación interinstitucional necesarias para la implementación del Programa País OCDE. Esto incluye la convocatoria a los Organismos y Entidades del Estado (OEE), así como a otros actores relevantes.
Asimismo, se establece que los OEE dependientes del Poder Ejecutivo que sean convocados en el marco del Programa País con la OCDE deberán designar, mediante resolución institucional, a sus representantes titulares y alternos para integrar los grupos de trabajo que se conformen.
El decreto también instruye a todas las instituciones y ministerios del Poder Ejecutivo a arbitrar los medios necesarios para colaborar con el MEF y el MRE en los trabajos que se desarrollen en el marco del proceso de acercamiento a la OCDE, con miras a una futura membresía plena.
La adhesión a la OCDE permitirá posicionar internacionalmente a Paraguay como un país confiable, con políticas públicas alineadas a los más altos estándares de gobernanza y desarrollo. Este avance complementa el reciente logro del Grado de Inversión y constituye un sello de calidad institucional que reafirma el compromiso del país con las mejores prácticas internacionales.
Cabe destacar que la OCDE aborda áreas estratégicas como educación, salud, financiamiento, protección social, medio ambiente, legislación laboral y gobernanza. Su adopción representa un paso clave en la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional del Paraguay.