El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recuerda que el Proyecto de Ley “Que establece medidas para la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público” tiene como uno de sus objetivos, fortalecer la sostenibilidad del sistema previsional, mediante un esquema de corresponsabilidad entre el Estado, en su calidad de empleador, y los aportantes. En ese sentido, el Estado ha ejercido históricamente este rol principalmente mediante el financiamiento del déficit de las fuerzas públicas, así como a través de la cobertura de gastos en salud para los funcionarios en actividad y del otorgamiento de bonificaciones anuales a los jubilados.
En este contexto, si bien el Estado continuará cubriendo el déficit generado por ciertos sectores, el Proyecto de Ley prevé que, con la incorporación del aporte del 3% y los ahorros estimados a partir de los ajustes en los parámetros de edad, años de aporte y tasas de sustitución para los sectores alcanzados, el gasto proyectado del Estado resulte menor en comparación con un escenario en el que no se implementa ninguna reforma.
Igualmente, con el objetivo de introducir criterios más objetivos, homogéneos y alineados con el marco constitucional, el Proyecto de Ley propone ordenar el cálculo y la actualización de los haberes jubilatorios. En ese sentido, se adopta como criterio general para todos los sectores la base de cálculo consistente en el promedio de las remuneraciones percibidas durante los últimos cinco años, conforme al esquema vigente en la Administración Pública.
Así también, se establece un mecanismo general y uniforme de actualización anual de los beneficios jubilatorios y de pensión a herederos, vinculado a la variación del salario mínimo legal, criterio ya aplicado para las fuerzas públicas. Este criterio permite garantizar la igualdad de trato con el personal en actividad, preservar el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales y, al mismo tiempo, asegurar la sostenibilidad del gasto público, en concordancia con la Ley N.° 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal.
Con el fin de brindar seguridad jurídica y previsibilidad a los aportantes, el proyecto de ley establece un régimen de transición que respeta los derechos ya adquiridos, escenario que se acompañará, adecuadamente, con los cambios propuestos orientados a la sostenibilidad.
En este marco, todo cotizante que, al momento de la promulgación de la mencionada ley haya reunido los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder a la jubilación o al retiro, podrá regirse por las disposiciones establecidas en la Ley N° 2345/2003 y sus modificaciones, así como por las leyes especiales que regulan cada régimen específico del sistema, sin quedar sujeto a las nuevas disposiciones.
Esta garantía se encuentra desarrollada en el artículo correspondiente del proyecto de ley, que establece que los derechos consolidados forman parte del patrimonio de sus titulares y no pueden ser modificados ni desconocidos por normas posteriores.
En contexto, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo expresa que el nuevo marco normativo regirá únicamente para los futuros servidores públicos y para aquellos que aún no hayan configurado su derecho a la jubilación o al retiro, permitiendo así una transición ordenada, gradual y sin efectos retroactivos.
Por otra parte, es relevante recordar que durante la elaboración del mencionado proyecto de ley se desarrollaron numerosas reuniones de diálogo y discusión sobre la problemática de la Caja Fiscal, con representantes de los sectores de la Administración Pública, Personal de Blanco, Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Magistrados Judiciales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como con la Comisión Especial para el Estudio de la Situación Financiera y la Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público del Congreso Nacional de la Cámara de Diputados. Esto fue a fin de dar a conocer la situación financiera de la Caja Fiscal.
En los mencionados espacios de discusión y debate, autoridades técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas presentaron el diagnóstico actuarial de la Caja Fiscal y expusieron la necesidad de una reforma que asegure su sostenibilidad y apunte a una mayor equidad en el acceso de los beneficios. Los diferentes representantes de los sectores mencionados recibieron comentarios y aportes de los distintos sectores, los cuales fueron considerados como insumos relevantes para la formulación de la propuesta normativa.