La Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, dependiente de la Gerencia General del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), participó hoy en la reunión de la comisión especial de la Cámara de Diputados que se encarga de evaluar los límites geográficos entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú.
En ese sentido, la directora general, Liz Moreno, recomendó a los legisladores integrantes de la Comisión que soliciten informes a la Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL) de tal manera a que se materialice en un plano lo que dice la Ley, para luego analizar si ésta tiene incongruencias o ambigüedades. Una vez hecho eso, se podrán analizar posibles soluciones al conflicto de límites.
“Tanto Catastro como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se deben allanar a este conflicto, ya que es la DISERGEMIL quien lleva la cartografía nacional. Es importante mencionar que Catastro dispone en su web institucional un informe sobre los límites municipales, a los efectos del cobro del Impuesto Inmobiliario. No así de los límites departamentales por no ser de su competencia”, argumentó.
La actividad se desarrolló en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados y fue presidida por la legisladora Cristina Villalba (Canindeyú).
La reunión también contó con la participación de representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS); Dirección del Servicio Geográfico Militar (DSGM); el Instituto Nacional de Estadística (INE); Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH); y Dirección General de Registros Públicos (DGRP).
Igualmente, participaron gobernadores y concejales departamentales de Canindeyú y Caaguazú; así como los intendentes y concejales municipales de Yasy Cañy, Curuguaty e Yhú.
La Dirección General del Servicio Nacional de Catastro se pone a disposición para proporcionar cualquier información o documentación necesaria que ayude a resolver el conflicto. Es su compromiso brindar apoyo técnico y colaborar con las entidades competentes para asegurar que las decisiones se basen en datos precisos y bien fundamentados, contribuyendo así a la solución de cualquier discrepancia en la delimitación territorial.