El viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soléy, dio detalles sobre el análisis del proyecto de reforma de la Caja Fiscal que se encuentra en debate en el Congreso Nacional y afirmó que el objetivo central de la iniciativa es contener el crecimiento del déficit y garantizar la sostenibilidad del sistema previsional en el mediano y largo plazo, priorizando criterios técnicos y el uso eficiente de los recursos públicos. En ese marco, explicó que la propuesta del Poder Ejecutivo plantea, por primera vez, el reconocimiento de un aporte explícito del Estado, fijado inicialmente en un 3%, dentro de un proceso abierto al estudio de distintas contrapropuestas técnicas presentadas por los sectores involucrados.
En entrevista con 5 Días TV, manifestó que cualquier incremento del aporte del Estado debe evaluarse con responsabilidad fiscal, considerando su impacto en el Presupuesto General de la Nación. Indicó que elevar el aporte hasta un 14% implicaría la necesidad de mayores recursos tributarios, dado que dichos fondos se financian con impuestos.
“El aporte del Estado se cubre con recursos provenientes de los contribuyentes, por lo que es importante analizar de dónde se obtendrán esos fondos y qué otros usos podrían tener dentro del presupuesto”, manifestó.
El viceministro González Soley agregó que destinar mayores recursos a cubrir jubilaciones podría limitar la capacidad del Estado para invertir en otras áreas prioritarias, como la adquisición de medicamentos, el fortalecimiento de los servicios de salud o la ejecución de obras de infraestructura pública.
Asimismo, recordó que actualmente el Estado ya realiza aportes indirectos al sistema, tanto a través del financiamiento del déficit de la Caja Fiscal, por lo que la propuesta busca ordenar y transparentar estos esfuerzos dentro de un marco sostenible.
Finalmente, reafirmó la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas a continuar el diálogo con los distintos sectores y a acompañar el tratamiento legislativo del proyecto, con el fin de alcanzar consensos que permitan fortalecer la Caja Fiscal sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas ni la provisión de servicios esenciales para la ciudadanía.