La nueva Ley N° 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”, recientemente promulgada, marca un avance fundamental en la gestión estatal al establecer un marco común para todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los distintos poderes del Estado, universidades y gobiernos locales. Esto fue lo que destacó la viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picaso, durante una entrevista radial, donde detalló los alcances de la normativa.
“La ley no busca desvinculaciones masivas, sino mejorar la calidad del servicio que llega a la ciudadanía”, afirmó la viceministra Picaso, subrayando que el objetivo principal es optimizar el gasto público con bienes y servicios de mayor calidad, fortalecer la transparencia y garantizar los derechos laborales de los servidores públicos.
Entre los aspectos más relevantes, resaltó que la nueva ley introduce mecanismos de concurso como filtros de calidad para el acceso a cargos públicos, limitando los cargos de confianza a solo cuatro en el nivel directivo. “El proceso de concursos será completamente transparente, cada paso es publicado y están involucrados entes de control”, aseguró en entrevista con radio ABC Cardinal.
Asimismo, explicó que los funcionarios permanentes mantienen su estabilidad, mientras que, en el caso de los contratados, las instituciones deberán fundamentar su necesidad y cumplir con un proceso gradual de incorporación. “Este es un periodo de transición, ya que estamos en medio del ejercicio fiscal. A partir del próximo año, las instituciones deberán estar completamente adecuadas a la nueva ley”, agregó.
La viceministra Picaso resaltó que la nueva normativa responde a la necesidad de corregir errores del pasado y reemplaza un marco legal anterior con inconstitucionalidades. También mencionó la reciente reestructuración del Estado, como la creación del MEF que unificó el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación, y la conformación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como ejemplos de eficiencia administrativa y mejor calidad del gasto.
Explicó que el Poder Ejecutivo emitirá reglamentaciones e instrumentos específicos para la implementación gradual de la ley. “Estamos hablando de una evolución. El país necesita instituciones sólidas y una Función Pública profesionalizada para servir mejor a la gente”, concluyó.