El Proyecto de Ley “Que establece medidas para la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público” plantea un conjunto de modificaciones destinadas a mejorar la sostenibilidad financiera y fortalecer la equidad intergeneracional de la Caja Fiscal, frente a una trayectoria persistente de resultados deficitarios que compromete la capacidad futura del sistema para cumplir con sus obligaciones previsionales.
La iniciativa fue presentada el pasado martes 30 de diciembre de 2025 por el Poder Ejecutivo ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en el marco de un proceso previo de análisis y discusión técnica sobre la situación del sistema previsional público. Este proceso incluyó reuniones con representantes de los sectores involucrados, así como intercambios con la Comisión Especial para el Estudio de la Situación Financiera y la Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público del Congreso Nacional.
A partir de estos espacios de análisis y de la presentación del diagnóstico actuarial de la Caja Fiscal, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se puso de manifiesto la necesidad de avanzar en medidas que permitan ordenar los criterios de acceso a los beneficios previsionales y mejorar la sostenibilidad del sistema. En este contexto, el MEF recogió comentarios y observaciones de los sectores involucrados, los cuales fueron considerados como insumos técnicos relevantes para la formulación de la propuesta normativa.
Según datos de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF, entre los años 2014 y 2024 la Caja Fiscal acumuló un déficit aproximado de USD 1.162 millones. De este total, USD 748 millones corresponden a los regímenes de las Fuerzas Públicas, financiados con recursos del Tesoro, mientras que USD 414 millones se explican por el Magisterio Nacional, cubiertos mediante excedentes del Programa Contributivo Civil.
La evolución de este déficit está asociada, en gran medida, a la coexistencia de marcos normativos heterogéneos entre los distintos regímenes previsionales. En algunos de ellos —como el Magisterio Nacional, los Docentes Universitarios, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas— no se establece una edad mínima de jubilación, a diferencia del régimen general de la Administración Pública, que exige un mínimo de 62 años para acceder a la jubilación ordinaria. Esta asimetría normativa incentiva retiros a edades tempranas, amplía el período de percepción de beneficios y genera mayores presiones financieras sobre la Caja Fiscal.
En este contexto, el proyecto de ley introduce el requisito de una edad mínima de retiro para aquellos sectores que actualmente no cuentan con este parámetro, con el objetivo de ordenar el acceso a los beneficios previsionales conforme a las tendencias demográficas y a la sostenibilidad del sistema. Esta medida apunta a desalentar los retiros anticipados, fomentar una mayor permanencia en actividad y contribuir a una trayectoria financiera más sostenible de la Caja Fiscal.
La propuesta no modifica los parámetros vigentes para el personal de blanco. Asimismo, para el conjunto de los sectores que integran la Caja Fiscal, se plantea una adecuación gradual de la tasa de aporte obrero-patronal y la incorporación del aporte del Estado en su carácter de empleador, como mecanismos orientados a reforzar las fuentes de financiamiento del sistema previsional.
Más información y detalles sobre el Proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal se encuentran disponibles en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, en el siguiente enlace:
https://acortar.link/4NXKfH